Dos semanas después del A28, llamamiento a Paro Nacional con las más grandes expresiones de protesta social, en medio de clamores populares y las mayores movilizaciones de los últimos 70 años, que confrontan el mal manejo de la pandemia del COVID-19 y el paquetazo irracional de reformas legislativas nefastas –la tributaria, a la salud, la pensional y la laboral, en marcha–, en contra y en detrimento de la mayoría de los colombianos, motivó una represión violenta del gobierno y la fuerza pública sobre la ciudadanía y la vulneración flagrante de las elementales garantías en un Estado de Derecho, en cuanto al ejercicio de la movilización, la protesta y la participación ciudadana, en lo que afirmamos es la peor crisis humanitaria del país.
Los abusos de poder y de autoridad, las agresiones y la violencia policial, los vejámenes y atropellos a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, han marcados los días del Paro Nacional, donde, en el caso de Cali y el Valle del Cauca, más de 12 mil soldados y policías traídos de Bogotá, junto a tropas de la Tercera Brigada del Ejército y la Policía Metropolitana de Cali, dejan un balance lamentable en muertes, heridos, lesiones oculares, desapariciones, violaciones sexuales y de género, detenciones arbitrarias, agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos y ataques a la libertad de prensa, además del vandalismo oficial del personal uniformado contra bienes públicos y privados, con la más absoluta impunidad y silencio de las mismas autoridades locales y regionales.
La reacción del gobierno y la fuerza pública, desconoce el fuero constitucional y las garantías de los ciudadanos para defender sus ideas y maneras de pensar, con el mayor despliegue de fuerza pública de la historia de Cali, para frenar las movilizaciones de miles de personas, donde hay un comportamiento colectivo y no individual, en hechos visibles que generan reacción y solidaridad de la comunidad.
Contener la protesta social e impedir el grito de las clases medias, pobres y asalariadas, con el uso desproporcionado e ilegal de la fuerza, con todas las violaciones colectivas al derecho a la vida, la libertad, la integridad y demás derechos y libertades fundamentales, sin ninguna intervención de los órganos de control, donde la fuerza pública actúo salvajemente, en asocio en muchas ocasiones, de civiles no identificados que hacen uso indiscriminado y selectivo de las armas largas y automáticas con fatales resultados –como ocurrió al sur de Cali, cuando particulares vestidos de “buenos vecinos”, con ropas y vehículos blancos, enfrentaron una comisión de la Guardia Indígena–, obliga a una respuesta seria y de fondo del gobierno.
La estigmatización de la protesta social como mero vandalismo, desde la posición del gobierno, es desconocer el fondo de la realidad social que vivimos y lleva a la fuerza pública a actuar con la percepción inducida de que todos reclamante de sus derechos, son los enemigos internos; sacar los militares a las calles para enfrentar los reclamos de los ciudadanos, es legalizar el exceso de fuerza y abuso de autoridad, que además de homicidios, heridos, desapariciones, violaciones sexuales y otros vejámenes contra la población civil, constituyen delitos de lesa humanidad, incluido el ataque a ciudadanos ancestrales como los indígenas y afrodescendientes, protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT. Sobra recordar que las fuerzas militares y cuerpos especializados de policía, tienen entrenamiento y su misión se orienta a intervenir en conflictos armados, mediante el uso de las armas, y no para atender reclamos ciudadanos y derechos sociales vulnerados, hechos que se vuelven cotidianos y situación que debemos asumir en la práctica periodística, en su integridad y detalle reporteril, escuchando, principalmente, a las víctimas.
Conocíamos de silenciar liderazgos comunitarios y de asesinar firmantes de la paz en territorios rurales, de los ataques a defensores de la tierra y de las luchas contra la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, contra la aspersión manual de glifosato y la aspersión aérea del agrotóxico a todo el campo colombiano, con el deterioro de la situación humanitaria, pasando por encima de los acuerdos de miles de campesinos cultivadores de la hoja de coca; además del incumplimiento a la implementación integral del Acuerdo de Paz con las FARC-EP y la escasa búsqueda de salidas negociadas a la guerra, que tampoco, parece, sea la preocupación del gobierno.
Aprendimos que los debates tributarios, significan nuevos impuestos, los que aumentan la desconfianza en el gobierno y la falta de claridad en los beneficios, donde no es suficiente con decir que “una reforma es muy ambiciosa y muy sólida técnicamente”, para culpar a la gente de falta de solidaridad. Hay que restablecer el vínculo entre pagar impuestos y tener un Estado más eficaz para garantizar los derechos de las personas. Se trata de replantear la forma de tomar, e incluso debatir, las decisiones fiscales, sobre las que no se puede ignorar a la ciudadanía, situación que parece está llegando a su fin, pese al silencio de la prensa y del mismo gobierno.
Un tema puntual de la agenda pública, hoy es el desmonte del ESMAD de la Policía, por su historial atroz de violaciones graves a los derechos humanos con absoluta impunidad, “por sus procedimientos para la desescalada y el uso de la fuerza letal y no letal”. El uso indiscriminado de la fuerza contra los manifestantes en las protestas, como ocurrió en noviembre de 2019 y septiembre de 2020, dejan en claro una brutalidad policial de mayor gravedad, lo que el Comandante del Ejército, General Eduardo Zapateiro, reivindica cuando los llama “héroes vestidos de negro”, instigando su actuar en contra de sus compatriotas, en la estrecha relación pueblo–pueblo.
De otro lado, poco o nada hace el gobierno colombiano por desescalar las tensiones, detener la violencia y fomentar el diálogo con un grupo representativo de los manifestantes, mientras la comunidad sigue a la espera de una renta básica para familias que padecen hambre o no pueden satisfacer sus necesidades elementales; sin atención eficaz e integral de salud, educación y acceso a empleos dignos.
Son muy graves los hechos de vulneración de derechos humanos y del derecho internacional humanitario de los últimos días, son muchos temas, a los que debemos recurrir y profundizar desde la actividad periodística, insistiendo en la injusticia y violaciones al orden establecido, que permitan reflejar la realidad que se vive y no solo transcribir los boletines oficiales y de las autoridades en cuestión
Violaciones a los derechos humanos, que involucran también ataques a la libertad de prensa. Durante las distintas jornadas del Paro Nacional, el ESMAD disparó sus armas de fuego y lanza gases desde tanquetas y carros oficiales contra periodistas, en cubrimiento de las actividades de protesta y vandalismo, ataques totalmente inaceptables y que nuevamente dejan en evidencia que hay agentes de la Policía actuando sin placas –sólo uno: Placa 173388–, que se esconden y utilizan la fuerza y la violencia para censurar el trabajo periodístico durante las manifestaciones nacionales, registradas en Bogotá, Medellín y Cali, entre otras.
El caso de Sibaté, en predios bogotanos, los periodistas alzaron los brazos, mostraron pañuelos blancos y gritaron fuertemente que eran prensa, plenamente identificados, con cascos marcados como “Prensa” y carnés del medio. Nada sirvió, al final, tres periodistas resultaron heridos por los impactos de los perdigones. Después de esto y las intimidaciones del ESMAD, a pesar de las explicaciones de los colegas, los policías se retiraron y gritaron: "Ustedes solo vienen a hacer amarillismo". Los heridos no recibieron ayuda médica en el lugar, y la ambulancia que solicitaron no llegó. Esta agresión quedó grabada en la transmisión en vivo, que estaba haciendo uno de los periodistas. Hasta lo corrido del Paro Nacional, se han registrado más de 150 ataques a la prensa, donde la mitad de los actos han sido cometidos por la fuerza pública, en medio del silencio: cómplice de los mandos, como agresiones físicas, detenciones ilegales. amenazas, hostigamientos, estigmatizaciones, espionaje o invasión, exclusiones, obstrucciones, robos y eliminación de material periodístico, y acciones arbitrarias en redes sociales, todos considerados delitos contra la libre expresión.
Reiteramos que los funcionarios y la fuerza pública tienen la obligación de garantizar el trabajo periodístico, como derecho fundamental constitucional la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19. Y a la prensa no se le puede restringir arbitrariamente por parte de la Policía, su presencia en las manifestaciones sociales, y al contrario, exigimos que se investiguen estas agresiones, así como pedimos al Ministerio Público intervenga para garantizar transparencia en los procesos. De igual manera, reiteramos nuestro llamado al Presidente Iván Duque, a que rechace de forma clara y pública las violaciones cometidas contra la prensa en el contexto de las protestas y que envíe un mensaje de cero tolerancia, a los agentes estatales involucrados en estas violaciones.
Reconocemos la seriedad de la profesión periodística y en especial la labor del periodismo alternativo, comunitario y digital, ha trascendido con su información oportuna y en directo desde los lugares convulsionados, objeto de agresiones por parte de la fuerza pública. Nos resta, invitar a los periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios, a denunciar cualquier atropello o violación a sus derechos, y que activen la ruta especial de atención para periodistas en conflictos, para lo cual brindamos orientación y asesoría, al gremio en general. Las afectaciones a la libre expresión continúan y es lo que justifica que Colombia descienda al puesto 134 entre 180 países en el Ranking Mundial de la Libertad de Prensa 2021.
Por estas razones y con todos estos argumentos, invitamos al gremio periodístico a promover el diálogo social, de manera amplia y a nivel nacional, y a considerar su perspectiva informativa y a asumir un compromiso militante con la ciudadanía, en la defensa de la vida, las libertades públicas y de lo público; en consecuencia, nos sumamos a más de 650 organizaciones sociales en la solicitud de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, y otros organismos internacionales, para que visiten el país e instalen un mecanismo independiente de verificación e investigación de las protestas sociales iniciadas desde el 28 de abril, coincidiendo con estos 10 puntos que demandan la atención periodística:
- Frenar cuanto antes la militarización de las ciudades y parar las vulneraciones de derechos humanos derivados del trato represivo y desmedido de la fuerza pública a los manifestantes de la protesta social y movilizaciones que vivimos, rechazando cualquier acto de violencia, venga de donde viniere.
- Invitar a la Gobernadora del Valle del Cauca y a los Alcaldes, iniciar diálogos sociales inmediatos y abiertos hacia una mesa nacional, con manifestantes y sectores sociales representativos, para llegar a consensos sobre las acciones a seguir y para la transformación social que todos anhelamos.
- Solicitar al Congreso de la República, en el ejercicio del control político, investigar los abusos y desmanes del gobierno y su fuerza pública, en los hechos ocurridos durante las protestas de 2019, 2020 y 2021, garantizando que se haga justicia y se realicen reformas que detengan este ciclo de violencia policial, investigando a la cúpula y oficiales responsables y proceder al desmonte del ESMAD.
- Legislar sobre una renta básica para la mayoría de la población y para enfrentar la crisis ocasionada por la desatención social a la pandemia, pauperizando nuestra sociedad y solamente con medidas gubernamentales proteccionistas direccionadas hacia el capital de industriales, empresarios y sector financiero.
- Demandar del Ministerio Público –Procuraduría, Defensoría y Personerías–, contribuir con prontitud en sus investigaciones y ofrecer cifras reales sobre el total de víctimas asesinadas, desaparecidas, heridas, sexualmente abusadas y arbitrariamente detenidas en los hechos denunciados con ocasión del Paro Nacional y restablecer su función, en defensa de la ciudadanía.
- Pedir a la Fiscalía General de la Nación y al Poder Judicial, adelantar las investigaciones prontas, serias, independientes y exhaustivas sobre todas y cada una de las agresiones y atropellos denunciados, y esclarecer las arbitrariedades y atropellos a líderes sociales, organizaciones o personas que ejercen su derecho a protestar de manera pacífica.
- Extender a la comunidad internacional, la solicitud de visitas in loco a nuestra ciudad, con acciones de vigilancia y monitoreo a la grave crisis humanitaria que padece la población colombiana en la defensa de sus derechos y libertades.
- Denunciar a través de la prensa internacional y organizaciones multilaterales, el incumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de Paz y en especial, para solicitar al gobierno las garantías y presupuestos de inversión social para los territorios focalizados y más afectados por la guerra.
- Reclamar todos los esfuerzos institucionales por el restablecimiento del Estado Social de Derecho y el ordenamiento legal vigente justo y equitativo, como lo establece la Constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sin excepción ni condición.
- Reclamar las garantías necesarias para el ejercicio del periodismo, el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, hacia la dignificación de una prensa sin restricciones ni limitaciones, que contribuya a la construcción de una sociedad digna, libre y con una paz sostenible y duradera.
Santiago de Cali, mayo 12 de 2021
